Otra de las tareas de las milicias locales fue el control de las personas consideradas de derechas de la localidad. Fueron vigiladas sin que ninguna de ellas tuviera que salir del pueblo por miedo a represalias, como muestran sus declaraciones posteriores. Así parece que discurrieron los primeros días hasta el fatídico 13 de agosto. Esta relativa tranquilidad se quebró por la decisión unánime de los comités de la UGT y las JSU locales de ir a las viviendas de los derechistas del pueblo y arrestarlos. No se conocen los motivos que indujeron a tomar esta gran decisión.

Solamente uno de los líderes de las JSU, Mauricio Esteban Jusdado , intentó justificar en sus declaraciones las motivaciones profundas de un arresto tan masivo y repentino en un pueblo relativamente tranquilo. Según su versión, dicho arresto se realizó para prevenir males mayores ante una situación local poco controlada. Decía: “En cuanto a las detenciones del 13 de agosto de 1936, se hicieron para evitar venganzas en las milicias, ya que fue general entre todos los de izquierdas y se hizo de una manera indeterminada”. Bien es cierto que las noticias del avance militar franquista por el sur hacia Madrid eran crueles ante los civiles indefensos y pudieron influir en los ánimos de venganza de los milicianos en la retaguardia madrileña, pero cabe destacar que en las declaraciones de Mauricio Esteban Jusdado se hace el reconocimiento de la indeterminación del contexto local, es decir, del estado del poder local en manos de los dos centros poderosos en esos momentos, la UGT y las JSU. Ambos pretendieron controlar el orden público desde su perspectiva, atendiendo a sus propias razones y directrices.

En tareas de arrestos se movilizaron a los milicianos disponibles en la noche del 13 de agosto, cada uno respondiendo a las órdenes de sus propios comités. El pueblo se vio sacudido por idas y venidas de grupos de vecinos con personas arrestadas, que iban en dirección del ayuntamiento y de la cárcel en medio de una gran “excitación”. El testimonio posterior de uno de los arrestados, José Izquierdo Montes, decía “que sabe por oídas de los presos que Víctor Monasterio Navacerrada participó en la detención de sus hermanos, que desde luego en esta detención debió figurar como uno de tantos, ya que los grupos que iban a detener eran muy numerosos, pudiéndose decir que estaba todo el pueblo en movimiento”.

Durante la noche del 13 de agosto se detuvieron a 31 vecinos de San Sebastián de los Reyes considerados como derechistas y desafectos al régimen republicano, aunque fueron más los que ingresaron en el calabozo municipal, ya que parte de ellos fueron liberados a lo largo de la noche y devueltos a sus hogares.

Miguel del Campo Portillo, teniente de alcalde por Unión Republicana, fue encarcelado el día 14 de agosto y se le trasladó a la Dirección General de Seguridad (DGS) de Madrid, donde realizó su declaración ante el juez republicano. Al poco tiempo fue liberado gracias al aval del presidente de dicho partido, Manuel Torres Campañá, que le consideraba “un republicano moderado”.

 
 

Archivo Histórico Nacional (AHN). Fondos contemporáneos (FC). Causa General, 140, exp. 30. Aval de Manuel Torres Campañá, presidente de Unión Republicana de Madrid, en favor de Miguel del Campo, donde se le califica de “republicano templado”.

Miguel del Campo Portillo decía en su declaración que “fue detenido en el ayuntamiento el día 14 de agosto por un miliciano que desconoce, siendo llevado el mismo día a la Dirección General de Seguridad, donde estuvo hasta el 16 de agosto por la mañana, en que fue traído a esta prisión. Que el 13 de agosto fueron detenidos treinta y una personas y al día siguiente el que declara se presentó al ayuntamiento y levantó un acta de protesta por la detención de cinco individuos afiliados a Unión Republicana. Que como en el pueblo había producido gran excitación el hecho de la detención de los treinta y uno vecinos, acordaron el alcalde, el presidente de las milicias del pueblo y el que declara que los detenidos permanecieran en sus casas, en vez de hacerlo en el local de la escuela a que habían sido conducidos hasta que llegaran los coches de la Dirección General de Seguridad, que estaban avisados para traerlos a Madrid. Que así se hizo hasta que llegaron dos camiones con fuerzas de seguridad y un miliciano quien dijo que el declarante era el culpable de que se hubieran permitido a los detenidos salir del local de la escuela y dispuso su detención, siendo traído con los demás a Madrid”.

Se incluyen a continuación más declaraciones de arrestados e implicados para poder reconstruir fielmente lo que ocurrió dicha noche.

Cecilia Muñoz Gómez , en denuncia posterior a la justicia franquista, declaraba el 2 de abril de 1939: “Que el 13 de agosto de 1936 fue detenida en unión de su padre Francisco Muñoz y conducida al calabozo municipal donde fue recibida por el alcalde de entonces, Benito Rodríguez Cascajero, que la condujo a la clínica inmediata al ayuntamiento donde permaneció en unión de otras vecinas hasta el día siguiente, desde donde fue trasladada a los sótanos de la Dirección General de Seguridad y más tarde a la cárcel de Conde de Toreno de Madrid”.

El miliciano Pedro Esteban Marcos , alguacil del ayuntamiento, como persona involucrada en dichos arrestos, declaraba en 1939: “Que el 13 de agosto de 1936 desempeñaba el cargo de alguacil de este ayuntamiento, siendo alcalde Benito Rodríguez Cascajero, y el camarada Leoncio Pereira le ordenó cachease o registrase a los detenidos a medida que iban llegando al ayuntamiento, pasándolos a la habitación donde él habitaba y en presencia de Manuel Esteban Pereira se efectuaba, sin que encontrase armas ni efecto alguno en los que hubo de registrar en dicha noche, y que después se limitó a cumplir lo que le ordenaban trasladándolos a los detenidos al colegio de niños”.

Mientras, otro testigo, Francisco Navacerrada Lozano , declaraba en 1939: “Que el 13 de agosto detuvieron a sus hijos Francisco y Julián. Fue un incesante movimiento de entradas y salidas de personas de derechas, pues a algunas tan luego como entraban en la prisión eran sacadas por algún dirigente de la UGT o de las JSU”.

Estas declaraciones confirman y precisan los acontecimientos de esa noche. Todos los arrestados fueron llevados al ayuntamiento donde les esperaban el alcalde Benito Rodríguez Cascajero así como Leoncio Pereira Rivero, jefe de las milicias locales, ordenando su arresto y su reclusión, los hombres en la escuela colindante y las mujeres en la clínica igual de cerca. Esa noche, excitada, tensa y convulsa, unos cuantos arrestados pudieron salir del calabozo municipal gracias a los avales favorables de algún dirigente de UGT o de las JSU. Al día siguiente, Miguel del Campo pactó con el alcalde Benito Rodríguez y el jefe de las milicias, Leoncio Pereira Rivero, la liberación de los presos hasta la llegada de los guardias de seguridad de Madrid con la condición de que esperaran en sus respectivas casas. Esta decisión humanitaria, decidida por los tres, duró poco tiempo, ya que un miliciano influyente que no era del pueblo, al enterarse de que los arrestados estaban ya en sus casas, denunció a Miguel del Campo por esta gestión y volvieron a ser detenidos y conducidos de nuevo al calabozo del ayuntamiento. Allí los guardias republicanos los recogieron y se los llevaron a la DGS, desde donde más tarde fueron conducidos a diferentes cárceles de Madrid.

En 1939, volvió a declarar Miguel del Campo Portillo respecto a este arresto, donde expuso otros datos que no había contado en 1936 al juez republicano. Es probable que, con la victoria franquista, a los vencedores les gustara oír fechorías y actos macabros de los llamados rojos de boca de los testigos, sin preocuparse jurídicamente de su veracidad, exageración o, simplemente, falsedad. Así, Miguel del Campo, de 70 años, viudo, labrador, natural de San Sebastián de los Reyes, en 1939 declaraba lo siguiente: “Que el referido Nicolás Navacerrada Montes auxiliaba a las autoridades rojas y sobre el mes de agosto de 1936 se presentó en casa del tal Nicolás Navacerrada Montes un miliciano rojo que no conocía y le dijo que sacara un poco de agua que tenía las manos manchadas de sangre por haber matado a un fascista. Le preguntó el tal miliciano si había fascistas en el pueblo y le dijo el tal Nicolás que sí y que el teniente de alcalde les había puesto en libertad. Desesperado, el miliciano le dijo que había que ir a buscar a dicho teniente de alcalde (o sea al propio Miguel del Campo) y darle el paseo. Fueron a por él y con los vecinos de derechas fueron detenidos y llevados a la Dirección General de Seguridad al día siguiente”.

En la tarde del 14 de agosto se redactó un documento entre el alcalde, el jefe de las milicias y el cabo de los Guardias de Asalto, donde se informaba de sus actuaciones. Dicho informe empezaba de esta manera : “En San Sebastián de los Reyes, a las 14:30 horas del 14 de agosto de 1936, comparece en la sala del ayuntamiento de este pueblo ante el señor Alcalde Presidente del mismo, D. Basilio Sanz Holgueras, sargento de la octava de la Guardia de Asalto, que por orden del Excmo. Sr. Director General de Seguridad se personó en esta localidad para recoger a 31 detenidos que las milicias del pueblo habían apresado y cuyos individuos habían sido puestos en libertad por el Sr. Teniente de Alcalde, D. Miguel del Campo Portillo, todo bajo su responsabilidad. Visto el ambiente de efervescencia con ayuda de las milicias dirigidas por el miliciano Antonio Rodríguez, el cual venía de la sierra, se procedió a la detención de los que se expresan a continuación, faltando por no encontrarles en su casa Julián Navacerrada Barranco y Ricardo Navacerrada García, encontrando en el domicilio de Francisco Navacerrada Barranco una carabina de guarda de 24 cápsulas, que según manifestó el detenido pertenecen a su padre, Francisco Navacerrada Lozano, por ser guarda jurado de este pueblo (…), poniendo a disposición de V.E. al Sr. Teniente de Alcalde. Todas las detenciones han sido a petición del Presidente de las milicias de la localidad, Leoncio Pereira, firmando el anterior, el alcalde Benito Rodríguez y Basilio Sanz, cabo de las Guardias de Asalto”.

Una vez interrogados en las dependencias de la Dirección General de Seguridad, los detenidos fueron conducidos a diferentes cárceles de Madrid. La gran mayoría fue liberada poco a poco, salvo ocho que fueron trasladados en diciembre de 1936 hasta el arroyo de San José de Paracuellos de Jarama, donde fueron asesinados con otros muchos más detenidos de otras cárceles de la capital.

Los demás regresaron al pueblo a lo largo del otoño de 1936. Sin embargo, el recibimiento local a los que volvieron no fue pacífico. Aunque la justicia republicana consideró que los detenidos debían salir de la cárcel absueltos por las denuncias recibidas, estas decisiones judiciales no fueron bien recibidas por los vecinos de izquierdas del pueblo. El desencuentro entre el fallo judicial y el sentir de los vecinos de izquierdas era evidente.

Esta diferencia de apreciación entre la justicia y el sentir de la gente del pueblo y su reacción violenta no fue un caso aislado en Madrid en esos momentos de la guerra civil. En Colmenar Viejo ocurrió un hecho parecido cuyo resultado fue más violento, ya que uno de los detenidos que volvió de la cárcel de Madrid fue asesinado al día siguiente .

La liberación de la gran mayoría de los detenidos se debió, según uno de ellos, José Redondo Moreno, a la mediación del sindicato anarquista CNT de Madrid: “Debido a mi liberación por parte de gente de CNT que intentaban sacar gente de la cárcel de Ventas...” lo que provocó entre los dirigentes locales una reacción airada, “riñendo con los dirigentes cenetistas” . Regresó al pueblo con otros vecinos más y según el dirigente de UGT, Daniel Perdiguero Baena , presente en el acto: “Con ocasión de haberse puesto en libertad algunos vecinos del pueblo detenidos por los rojos, se formó una manifestación de mujeres, a cuya cabeza iba una tal Francisca Sanz, con el propósito de que se detuviese nuevamente a dichos vecinos”.

Otro detenido que regresó al pueblo, Francisco Navacerrada Sanz , comentaba en 1939 que “le llevaron a la cárcel de Ventas permaneciendo hasta el 15 de octubre, regresando al pueblo ese mismo día, siendo insultado y amenazado de muerte (…) y que después ha tenido que estar aislado en su domicilio durante un cierto tiempo para evitar nuevas agresiones”. La liberada Cecilia Muñoz Gómez comentaba también, al volver al pueblo, “que después de venir de la cárcel fue objeto de una nueva coacción, que intentaron detenerla de nuevo dando ocasión de un nuevo escándalo entre el vecindario y la declarante”. Otra vecina, Cándida Izquierdo Olivares , decía que “el 2 de septiembre de 1936 fueron liberadas de la cárcel de Conde de Toreno regresando a su pueblo, en las que salieron las milicias interrogando a las dicentes y a las demás de cómo es que las habían puesto en libertad, qué documentación traían, entregándoles el salvoconducto que les habían dado, habiendo división de pareceres entre unos milicianos y otros y viendo esta actitud se refugió en casa de Álvaro Muñoz”.

El regreso de los detenidos provocó tales altercados entre la población (se habla de mujeres pero también hubo hombres presentes) que las autoridades locales tuvieron que poner orden para evitar mayores problemas. Juan Olivares López recordaba en 1939 que “al llegar al pueblo, tuvieron que presentarme al Socorro Rojo Internacional por Manuel Armendariz y Mauricio Esteban Jusdado, quienes me preguntaron si traía alguna documentación. Posteriormente, fue Mauricio Esteban Jusdado por el domicilio del declarante a decirme que no saliera de mi casa fuese quien fuese a no ser él mismo y me defendiese como fuera, incluso por la violencia antes de salir”.

Uno de los protagonistas del acto, Daniel Perdiguero Baena , comentaba al respecto: “Procuré aplacarlas los ánimos y un individuo que estaba con ellas (…), le amenazó con una pistola, no consiguiendo sus propósitos, que era de matarle, por haber sido desarmado por otros individuos allí presentes”. Otro testigo, Manuel Fernández Armendáriz , decía: “Que al haberse puesto en libertad a algunos vecinos de la cárcel de Ventas, que al llegar al pueblo éstos, una masa de mujeres y hombres se manifestó en contra de ellos en la Casa del Pueblo donde se encontraba el dicente, oponiéndose a dichas manifestaciones Mauricio Esteban Jusdado, Daniel Perdiguero Baena y otros varios, consiguiendo por esto el disolver la manifestación en que se pedía la muerte de los puestos en libertad. El dicente se encontraba en aquel momento en el local por ser cobrador de la Casa del Pueblo”.

Los primeros vecinos que empezaron a salir de las cárceles de Madrid fueron estrechamente vigilados por los milicianos, como es el caso de Francisco Navacerrada Lozano “que en la tarde del 24 de agosto de 1936, al regresar de la cárcel Modelo, Ramón Navacerrada y el denunciante fueron detenidos por Ángel Pareja Valderrama y demás individuos y llevados al comité de las JSU y allí, el Ángel Pareja reclamó a tres milicianos para que los vigilasen”.

Como vecinos señalados de derechas la convivencia con los demás se hacía difícil. Algunos fueron obligados a marcharse de la localidad sin posibilidad de recuperar sus bienes, ya que habían sido incautados. Fue el caso de Francisco Navacerrada Lozano que “estando en la cárcel de Ventas se apropiaron de mis bienes (…). Que tuve que permanecer en la cárcel desde el 13 de agosto de 1936 hasta el 23 de abril de 1937, personándome de nuevo en el pueblo el 27 de abril de 1937, en que tuve que salir nuevamente amenazado (…) por los de UGT y CNT, refugiándome en Valencia once días (…), teniendo que huir a Murcia y más tarde a Cieza, donde permanecí hasta la liberación”.

Los más jóvenes de los liberados tuvieron la posibilidad de integrarse en las milicias republicanas, como fue el caso de Julián Navacerrada Barranco , que comentaba en 1939 “que estuvo detenido desde el 13 de agosto hasta el 22 del mismo mes por quemarse unas galerías de la cárcel Modelo, huyendo para volver al refugio que pudo hallar en Madrid durante cuatro meses, no regresando al pueblo hasta que llamaron a quintas, teniendo que presentarse a las milicias confederales de la CNT”.