El 9 de octubre de 1936 se publicó el edicto del Ministerio de Agricultura en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid donde se acordaba la expropiación, sin indemnización y a favor del Estado, de las fincas rústicas pertenecientes a personas que hubieran intervenido de manera directa o indirecta en el movimiento insurreccional contra la República. Esta medida realmente oficializaba un movimiento expropiador que ya se había consumado. La inmensa mayoría de las localidades de la retaguardia republicana ya habían realizado las expropiaciones de propiedades de personas que consideraban de derechas y contrarias a la República. Con el arresto de las 31 personas consideradas de derechas y contrarias al régimen republicano la noche del 13 de agosto en San Sebastián de los Reyes, las autoridades locales no tardaron mucho tiempo en llevar a cabo la expropiación o incautación de sus bienes. Parece que se empezó con bienes urbanos. Por ejemplo, el miliciano Manuel Gómez Colmenar comentaba que era trabajador de la línea de autobuses entre este pueblo y la capital y “dicha línea fue incautada por las autoridades rojas el 22 de julio de 1936”.
Después del 13 de agosto se realizaron las expropiaciones de fincas urbanas. Según manifestó Manuel Esteban Isabel, como dependiente de comercio estuvo como miembro de UGT controlando los gastos de la tienda expropiada de Alberto Esteban Pascual, arrestado en Madrid: “Estuvo despachando en dicha tienda por mandato del ayuntamiento hasta que se terminaron las existencias”. Las viviendas de los arrestados fueron expropiadas bajo la autoridad de los sindicatos locales y partidos políticos. Por ejemplo, la del arrestado Julián Navacerrada Barranco que, como dijeron Mariano Vaquero Esteban y Mauricio Esteban Jusdado: “Las JSU se incautaron de dicha casa de la calle Real nº 16, donde estuvo el teléfono de guerra (…) y las JSU se llevaron 6 jamones de la tienda para los soldados del frente en Paredes”.
Al crearse la CNT en septiembre de 1936, la UGT tuvo un aliado y complemento en su política de expropiaciones de fincas rústicas de aquellos propietarios locales que estaban detenidos o escondidos. Un protagonista directo de estas operaciones, José María Bertoncini Castell, como nuevo secretario del ayuntamiento comentaba “que las incautaciones realizadas en el pueblo solo se hicieron de fincas rústicas abandonadas por sus dueños y con objeto de impedir que las realizasen elementos de Fuencarral que trataban de hacerlo”. Pero las JSU y la UGT fueron diligentes. Una vez consumado el arresto del 13 de agosto se creó un comité de incautaciones con miembros de ambas organizaciones (antes de crearse, por lo tanto, la CNT). En el cuadro nº 14 se indican los miembros que constituían dicho comité según las autoridades franquistas en 1939.
Destaca en esta lista la ausencia de miembros de la comisión gestora municipal, salvo en el caso del secretario que coincidió en ambos organismos.
Cuadro nº 14
Miembros del primer comité de incautaciones
Nombre y apellidos | Cargo | Representación |
---|---|---|
Facundo Navacerrada Perdiguero | Presidente | UGT |
José Mª Bertoncini Castell | Secretario | UGT |
Daniel Perdiguero Baena | Tesorero | UGT |
Pedro Pérez Navacerrada | Vocal | UGT / JSU |
Félix Esteban Jusdado | Vocal | UGT / JSU |
Reyes Pereira Rivero | Vocal | UGT / JSU |
Fuente: AHN. Fondos contemporáneos (FC). Causa General, 1508, exp. 8.
Las fincas que fueron rápidamente expropiadas por este comité eran de las más extensas del término municipal. Fueron las llamadas “Montecillo” (su propietario era Ignacio Sancho Moreno, residente en Madrid), “Pesadilla” (sus dueñas, Mercedes y Josefa Caballero Echagüe, marquesas de Somosancho), “Villanueva” (sus dueños, Tomás Calle Montes y Manuel Montes Colmenar), “El Portillo” (su propietario, Rafael Prieto Luzarrieta), “El Soto de Albarán” (cuyo dueño era el Conde de Arcentales) y “Valdelamasa” (cuyo propietario era el Duque del Infantado). Todas ellas fueron vigiladas por milicianos y más tarde por guardias municipales, procediendo a organizar su producción mediante una colectividad de campesinos. Muchos milicianos llegaron a trabajar en dichas fincas como miembros de la misma, como es el caso de Julián Sales López “que trabajó en la colectividad a jornal”. Quién fue tesorero de la colectividad, Daniel Perdiguero Baena, comentaba al respecto: “Hasta el 9 de octubre de 1936, al ser requerido por ser tenedor de libros en la colectividad formada en el pueblo, se trasladó al mismo y durante las horas libres que tenía se dedicaba al campo, percibiendo por sus servicios 10 pesetas diarias”. Este sueldo diario de 10 pesetas suponía una cantidad gratificante, muy por encima del sueldo diario existente antes de la guerra para los campesinos, que no solía subir de las 5 pesetas. Esa cantidad de 10 pesetas era, además, la misma que cobraba un miliciano o un soldado del ejército republicano.
El 25 de septiembre de 1936, ya creada la CNT, este sindicato se apresuró a incautar determinadas fincas pertenecientes a vecinos de derechas que habían sido arrestados o que habían huido, como es el caso de Pedro Colmenar Montes, imitando las importantes incautaciones realizadas por la UGT con anterioridad. En el Anexo se indica a modo de principio general que “habiendo hecho las debidas incautaciones de los propietarios (…) que se levantaron en armas en contra del régimen legalmente constituido y siendo desafectos al régimen (…) y habiendo sido abandonadas las fincas en producción, han sido incautadas por los trabajadores para que dicha producción sea para el servicio de la guerra y de la revolución…”. Las fincas expropiadas que pertenecieron a Pedro Colmenar Montes sumaban 67 en total, caracterizadas todas ellas por ser de pequeño tamaño (muchas no superaban una hectárea), mientras que las pertenecientes a los hermanos Gonzalo y Hermenegildo Izquierdo fueron 15, siendo la más grande la del “Alto de las Ventas” de 18 fanegas (12 hectáreas), a las que se añadían otras 6 más (4 hectáreas) del propio Hermenegildo. Las fincas expropiadas de Francisco Navacerrada Lozano fueron 20 en total, siendo la más importante en extensión la llamada “Dos casas”, de 7 hectáreas. Se expropiaron igualmente las dos fincas y cuatro viñas que llevaba en arrendamiento. Finalmente el campesino afiliado a la CNT, Ramón Pérez Delgado, entregó sus fincas por su propia voluntad para dicha colectividad.
Nacida en un contexto de guerra, la colectividad del pueblo tuvo que plantearse defender su legitimidad en dichas circunstancias. Algunos de sus antiguos propietarios, de vuelta de la cárcel de Madrid, pretendieron recuperarlas o al menos aprovecharse de su producto. Todo parece indicar que fueron actos de protesta sin reconocer la legitimidad del gobierno republicano en su política de expropiación de bienes de personas desafectas. Por ejemplo, el propietario Julián Navacerrada Barranco denunció en 1939 a las autoridades ‘rojas’ “por pagar una multa de 100 pesetas por cortar uvas de una finca de mi padre, Francisco Navacerrada Lozano, que estaba evacuado”. El mismo denunció en 1939 al cenetista Ramón Pérez Delgado “por amenazas (…) al padre del denunciante cuando éste regresó de la cárcel, quien intentó le entregasen sus propiedades, a lo que el Ramón Pérez se opuso amenazándole (…), obligándole nuevamente a tener que salir del pueblo, habiendo tenido que estar alejado del mismo hasta la liberación por las fuerzas nacionales”.
Esta colectividad agrícola de la CNT nació en septiembre de 1936 con pocos días de antelación a la creación del comité agrícola municipal. Dicho comité fue una apuesta del Ministerio de Agricultura para vertebrar desde el ayuntamiento todas las iniciativas agrícolas, tanto las de las cooperativas, la de los pequeños propietarios o la de las colectividades. El alcalde Benito Rodríguez Cascajero creó este comité agrícola tal vez con la intención de contrarrestar las iniciativas sindicales respecto a incautaciones y colectividad, ya que en la primera reunión de fundación de dicho comité no estaban presentes los representantes sindicales de la localidad. En efecto, al crearse este comité municipal se intentó defender a los pequeños propietarios, que estaban enfrentados a la colectividad por resistirse a ingresar en ella: “El 21 de septiembre de 1936 se constituye el comité agrícola con la presidencia del alcalde Benito Rodríguez Cascajero; se reunieron todos los señores labradores presentes, siendo vocales los señores Guillermo Perdiguero López, Anastasio Esteban López, Cayetano Lara Díaz y Juan Navacerrada como miembros de este comité”. Parece que dicho comité agrícola no tuvo mucha importancia, pues solo se ha podido hallar un acta suya en el archivo municipal. Ésta tiene fecha del 12 de diciembre de 1936 y en ella se emplaza a determinados pequeños propietarios locales (Gabriel Manuel Frutos del Campo, Francisco Giménez Izquierdo, Francisco Ramírez y el encargado de Esperanza Abad) a roturar sus fincas. “Acuerdan que, si en 15 días no han roturado las fincas, este comité se incautará de ellas sin pretexto”.
Este pequeño grupo de pequeños propietarios no tuvo continuidad en el tiempo, al menos como grupo organizado. El 24 de mayo de 1937 se aclaraba por parte del ayuntamiento que no había tal asociación: “No pudiendo nombrar un vocal (de) la agrupación de pequeños labradores, por no existir en esta localidad”.
La comisión de incautaciones y la colectividad de la CNT, sin embargo, se encontraron con muchas fincas para incautar, como reconocía el propio comité agrícola municipal: “… a más de otras fincas incautadas que por los incautadores no se pueden llevar a efecto (de labrar) por ser muchas las existentes”. Ante estas adversidades, los altos costes de producción provocados por una alta inflación y los altos salarios de los colectivistas, sus productos no podían competir en el mercado con los de los pequeños propietarios.
La producción de esta colectividad (hortalizas y carne básicamente) como de las tierras incautadas iba en su gran parte, o tal vez en su totalidad, dirigida a la tienda de abastos (la incautada a Pascual Esteban) en un esfuerzo por canalizar tanto el consumo de dichos bienes como su precio. Para ello todo vecino poseía una cartilla de abastecimiento que le permitía conseguir dichos productos. Pero como competían con los pequeños propietarios, a los que el gobierno republicano había permitido su existencia y representación, la comisión municipal de abastos, responsable de la gestión de dicha tienda, tuvo muchos problemas para controlar sus precios. Por ello tuvo que advertir a los pequeños propietarios lo siguiente: “Se pide a los hortelanos que sus precios de venta al público sean moderados y, si no es así, todas las verduras se venderán por el comité de abastos”.
El 8 mayo de 1937, ante la insistencia del gobierno republicano por legalizar las colectividades, la UGT creó su propia colectividad que llamaría Pablo Iglesias, siendo su primer presidente Facundo Navacerrada Perdiguero, su secretario José María Bertoncini Castell y su tesorero Jorge Carcajona. Desde sus inicios esta colectividad contó con 78 socios para trabajar las tierras incautadas en agosto de 1936. Mientras tanto, la CNT en septiembre de 1937 hacía lo mismo con las tierras que habían incautado en septiembre del año anterior. Según acuerdo tomado por dicho sindicato el 19 de septiembre de 1937: “Que habiendo sido constituida la Colectividad de Campesinos con su consejo de administración y todo lo que derive de la agricultura como de producción y consumo pase a la referida Colectividad”. Ambas colectividades se daban la espalda. No les interesó crear una colectividad mixta entre UGT y CNT, como ocurrió en otras poblaciones próximas (Miraflores de la Sierra, por ejemplo).
La presidencia de la colectividad Pablo Iglesias de UGT estuvo ocupada por varias personas. A partir de septiembre de 1937 el nuevo presidente fue Adolfo Sanz Perdiguero (que era militante de CNT, pero que en agosto de 1937 dimitió de su cargo de concejal y, tal vez, de militancia), mientras que su tesorero fue Daniel Perdiguero Baena. En los últimos momentos, antes de finalizar la guerra, su presidente y administrador fue Plácido de la Torre Navacerrada (*).
Como complemento a esta información documental, se incluye una entrevista realizada en Colmenar Viejo el 19 de agosto de 2010 por Fernando Colmenarejo García y Roberto Fernández Suárez a Hilario Jusdado Sanz cuando tenía 84 años. Hilario está muy vinculado con San Sebastián de los Reyes por relaciones familiares, puesto que fueron sus primos Mauricio, Sixto y Félix Esteban Jusdado, vecinos republicanos de San Sebastián de los Reyes, fusilados. A continuación, se relata su experiencia como trabajador en la finca Pesadilla, colectivizada por el comité del pueblo.
Fuente: Archivo Municipal de San Sebastián de los Reyes (AMSS). Carta de la CNT de esta localidad (destaca el antiguo nombre “de los Reyes” y no “de Madrid”) donde comunica al ayuntamiento la dimisión de su vocal Adolfo Sanz Perdiguero
A continuación se incluye una entrevista que es una información ciertamente valiosa por ser de un testigo directo de esta experiencia única. Los autores de esta entrevista, Fernando Colmenarejo García y Roberto Fernández Suárez, agradecen la simpatía, valor y honestidad de Hilario Jusdado Sanz, por contarles sus recuerdos y visión de esta experiencia que consideró altamente positiva.
"La finca de la Pesadilla pertenecía a la marquesa de Somosancho. El proceso de incautación fue muy rápido, al tercer día del levantamiento. El 21 de julio fueron unos milicianos de Fuencarral y mataron a la mejor ternera, llevándosela. Mi padre dio parte en San Sebastián de los Reyes, presentándose rápidamente entre 8 y 10 personas. A partir de entonces no permitieron entrar en la finca.
De esta colectividad disfrutaba todo el pueblo de San Sebastián de los Reyes, de sus servicios y producción. Contaban con el Presidente (Luciano) y el Secretario (Mariano). El administrador de la finca admitía a los trabajadores.
Todas las familias de la colectividad disponían de una casa. El que no se adaptaba se iba a otros pueblos, además había una escuela, cuya maestra era Felisa, que solamente sabía las cuatro reglas, pero que era suficiente para que un chico de 10 u 11 años se pusiera a trabajar.
La producción era de vacas de carne y para trabajos relacionados con las actividades del campo, lo mismo que el ganado mular. También cerdos y gallinas, aunque cada uno los tenía en su propia casa. Frente a la puerta de cada uno de los vecinos, la parte que le correspondía lo habilitaban para las gallinas, mediante una cabaña con juncos, protegiéndola en todo su alrededor por un barranco para evitar la entrada de las aguas. Así, cada uno tenía su cerdo y las gallinas que podía.
Había también unas mil cabezas de ganado ovino. Los cereales eran trigo, cebada, centeno, avena y algarroba, además de alverja, parecido a la algarroba, ya que el primer año de su sembradura, al ver su alto rendimiento, decidieron continuar con su siembra para alimento de los bueyes y las caballerías.
En cuanto a la maquinaria, se encontraba la que era propiedad de los marqueses, parte de ella adquirida en EEUU. La sembradora apenas se utilizaba porque estaba preparada para trabajar en terreno más llano y aquí (en San Sebastián de los Reyes) era más irregular. La limpiadora, al principio con manivela, luego con motor, y la trilladora. Se segaba a mano y con máquina segadora. Las eras estaban empedradas con gorriones de río, había una que tenía 150 metros de lado en cuadro.
Principalmente trabajaban los hombres, aunque las chicas y chicos realizaban tareas de escardar la tierra durante el mes de mayo, porque “el que quita hierba en abril, quita una, salen mil”.
Se almacenaba el grano en un granero. Había molinos para moler solo el pienso de las yuntas. En las tres fincas, todo el grano que se echaba a los animales se apartaba para ver cuánto comía cada animal, de tal manera que se calculaba todo el gasto anual. Todo estaba contabilizado. Se vendía en Madrid y se traía en harina. En San Sebastián de los Reyes estuvo la mejor colectividad organizada de toda la República y fue gracias a un ingeniero agrónomo de Madrid (José María), que le fusilaron tras acabar la guerra como castigo por saber organizar una colectividad.
No recuerda cuánto dinero cobraban, pero se hacían constar los beneficios que obtenía cada uno en función de su clasificación laboral. Así, cada colectivista tenía una cantidad fija, pero había beneficios en función de los gastos realizados, etc. A través de Madrid se hacía trueque, cereales, carne y vino por aceite principalmente. Trabajaron hasta el último día de la guerra, después despidieron a todos excepto a una o dos personas"
En su recuerdo, muchísimas gracias, Hilario.